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Las directrices ambientales y sociales chinas: un paso hacia la corresponsabilidad

Autora: María Emilia Hermosa.

Desde principios de los 2000s, cuando  las empresas chinas empezaron a “salir afuera” el gobierno chino inició la promulgación de decenas de directrices con contenidos ambientales y de responsabilidad empresarial con el fin de orientar a las empresas, inversionistas y financistas chinos cuando participan en el desarrollo de proyectos fuera de China.

Las directrices chinas contienen políticas y herramientas para evitar y mitigar los impactos ambientales y sociales asociados a los proyectos, por ejemplo refuerzan: principios de independencia y participación en las evaluaciones ambientales y sociales; la necesidad de llevar adelante exámenes de debida diligencia especialmente por parte de las entidades chinas que financian proyectos; la importancia de establecer plataformas de comunicación con la participación de todas las partes interesadas; e inclusive algunas medidas para enfrentar situaciones de emergencia a nivel de proyecto y en toda la cadena de suministros, las cuales serían muy útiles en el contexto de la pandemia del Covid-19. Si bien las directrices no son vinculantes, varias contienen mecanismos para lograr la internalización de las mismas dentro de las estructuras de gestión y decisión empresarial, y procedimientos específicos para la supervisión y reporte que no sólo son útiles para los reguladores chinos pero también para las organizaciones locales.

Además, las directrices señalan un compromiso de corresponsabilidad China sobre los efectos ambientales y sociales de los proyectos donde haya alguna intervención de su parte. Este es un gran avance. Las directrices chinas reflejan una percepción más y más aceptada de que  la salud del planeta y de la gente es responsabilidad de todos, y no sólo de los gobiernos anfitriones de donde se realiza la inversión.

China ha dado un primero paso al poner “sobre papel” su compromiso ambiental global, pero aquello no es suficiente. Desde IISCAL urgimos a los actores públicos y privados a familiarizarse con estos compromisos; a los reguladores chinos a convertir las directrices en estándares obligatorios; y a las empresas, inversionistas y bancos chinos a crear condiciones para lograr su plena implementación.