Las directrices chinas son documentos emitidos por instituciones estatales y asociaciones sectoriales con el propósito de orientar a empresas, bancos e inversionistas chinos en la prevención y mitigación de los impactos ambientales y sociales derivados de sus operaciones en el exterior. Estas directrices tienen carácter orientador, no son jurídicamente vinculantes y suelen ser poco conocidas.

Las primeras directrices se emitieron a finales de la década de 1990 y han evolucionado progresivamente con el tiempo. En años recientes, nuevos instrumentos han incorporado disposiciones relativas a la creación de mecanismos de quejas, la implementación de sistemas de debida diligencia, la aplicación de principios de divulgación y acceso a la información, y el uso de mecanismos de consulta y participación social.