Decisiones informadas: China Communications Construction Company se retira de la construcción del Puerto de São Luís en el estado de Maranhão

La empresa China Communications Construction Company (CCCC), según varios medios de comunicación, confirmó en agosto pasado su retirada del proyecto de construcción del Puerto de São Luís en el estado de Maranhão (Brasil) al parecer por falta de financiamiento. La construcción del Puerto prometía promover, aún más, el comercio de productos agrícolas que resultaría en mayores ingresos para los exportadores brasileños y menores costos de transporte para los importadores chinos. La construcción del Puerto permitiría el manejo de hasta 400 buques al año. El proyecto ocupa una extensión de 338 hectáreas de las cuales 200 son parte del territorio de Cajueiro en donde viven unas 2.500 personas. En el proyecto también participan las empresas brasileñas Lyon Engeñaría y WPR – San Luis Administración de Puertos e Terminales S.A. (actualmente, TUP Puerto San Luis S.A.), filial de la constructora WTorre. Estas empresas también están vendiendo su participación accionaria en la sociedad.

Desde el 2017, del Grupo de Estudio sobre Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente (GEDMMA), junto a organizaciones comunitarias, sindicalistas, de moradores, campesinas, de derechos humanos, ambientalistas e inclusive la Defensoría del Pueblo del estado de Maranhão, y el Consejo Nacional de Derechos Humanos han informado a la Comisión de Regulación de la Banca y Seguros de China (institución que supervisa a todos los bancos estatales chinos), al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés), a la Asociación de Bancos Chinos, al Ministerio de Comercio de China, a la Comisión de Supervisión y Administración de los Bienes Estatales, al Ministerio de Ambiente y Ecología de China, a la Asociación Internacional de Contratistas Chinos, la Embajada China en Brasil y al Consulado chino en Río de Janeiro sobre las irregularidades que han caracterizado al proyecto desde un comienzo. Por ejemplo, las organizaciones indicaron que las licencias ambientales para la ampliación del Puerto de São Luís fueron impugnadas en procesos judiciales en las cortes estatales y federales debido a que la empresa presentó títulos de propiedad de los terrenos que no eran legales.

El pasado diciembre, el GEDMMA junto con el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA), el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), y otras organizaciones sociales, presentaron el reporte “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de China con relación a actividades empresariales en Latinoamérica” ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el que, entre otros casos, se presentó también el de la construcción del Puerto de São Luís como uno de los ejemplos en los que las empresas y financistas chinos, comenten actos que van en contra de convenciones y tratados internacionales de protección de derechos humanos, ratificados por el gobierno chino. El reporte señaló que aproximadamente 70 familias de la comunidad de Cajueiro habían sido forzadas a evacuar sus tierras, y que otras 550 familias se encontraban bajo constante amenaza de desalojo forzoso.

Es difícil determinar cuales han sido las razones de la falta de interés de los bancos chinos de apoyar a CCCC para que pueda mantener su participación en el proyecto. Sin embargo, sí podemos anticipar que las comunicaciones de las organizaciones brasileñas a las autoridades chinas proveyeron al ICBC y a los reguladores chinos, con información valiosa para evaluar los riegos de la posible inversión.